A continuación presentamos una breve reseña sobre los problemas actuales más destacados de los pueblos indígenas chilenos
AYMARAS
En la década de 1970, se da un crecimiento exponencial de la población andina, generándose una migración como alternativa de desarrollo y mecanismo de regulación entre tierra y población indígena. La migración Aymará se realizó en forma variable según los momentos históricos y áreas de proveniencia, durante esas dos décadas se modificó la composición de las comunidades agrícolas, se redistribuyó la población rural regional y empieza a hacerse visible un segmento de población Aymará urbana.
La vida Aymara en las ciudades no sólo se reduce a procesos de adaptación y rearticulación comunitaria, sino que una generación de Aymara nacidos en las ciudades, constituyen la mayoría de la población Aymara regional. En la actualidad, los más importantes movimientos migratorios se realizan hacia la ciudad de Arica, Iquique, Pozo Almonte, Antofagasta y Calama.
La población Aymara del norte de Chile es mayoritariamente urbana, de acuerdo al Censo de 1992, la población se estima en 48 mil personas, de esta cantidad dos tercios de su población son emigrantes y un tercio mantiene su carácter rural, campesino o minifundista
ATACAMEÑOS
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El patrón de integración regional Atacameño, tendrá relación con la vida rural de los pequeños productores. Alrededor de 1930, los pobladores de Atacama se ocupaban en actividades agrarias, arriería, crianza de animales, etc. Con la intensa, incorporación de elementos occidentales, la población indígena experimentó un intenso proceso de cambios culturales y sociales.
En materia de legislación, no existió una preocupación por lo indígena, fundamentalmente de sus comunidades, recursos naturales y abastecimientos de agua.
Entre las diversas demandas Atacameña, se encuentran algunas relacionadas con la constitución y saneamiento de las tierras reivindicadas por las comunidades indígenas, bajo un criterio de coherencia territorial, reconocimiento y resguardo del territorio patrimonial Atacameño, evitar el otorgamiento de las tierras a terceros, reconocimiento, respeto y protección de la cultura Atacameña.
COLLAS
Desde 1950 a 1973, las familias Colla de Potrerillos se abocaron al trabajo ganadero, agrícola, combinando el pastoreo con el trabajo minero, mientras otras familias se quedaron en el circuito trashumante entre las aguadas de invernada cercanas a Potrerillos, El Salvador y los campos de veranada de Pedernales y Cerro Blanco, ocupando también las tierras de la quebrada de Agua Dulce y de la Quebrada El Asiento.
El conflicto por la ocupación de las tierras se mantuvo hasta 1957, cuando se logra un acuerdo en la vega La Guardia, quedando para las familias Colla los terrenos fiscales de la parte superior del río Jorquera y sus afluentes, no obstante, estas familias siguieron ocupando materialmente los terrenos, debido a que estos eran parte de las invernadas bajas con buenos suelos para cultivos y campos de pastoreo.
Estas restricciones afectaron a todas las familias Colla de la cordillera, desde Potrerillos hasta río Jorquera, debiendo abocarse casi exclusivamente al trabajo de la ganadería, obligando a muchos descendientes a migrar para desarrollar trabajos relacionados con la fruticultura en el valle de Copiapó, como empleados u obreros en ciudades y en faenas mineras, manteniendo siempre los vínculos con la cordillera. Todo lo anterior, significó un despoblamiento relativo de los espacios ocupados ancestralmente, debido a que muchas familias migraron obligadamente a centros mineros, ciudades y pueblos cercanos, en busca de trabajo y educación para sus hijos, manteniéndose la actividad ganadera por familias que siguieron pastoreando sobre amplios territorios de las quebradas y la puna.
La Ley Indígena permitió la organización en comunidades, iniciándose un proceso de organización Colla que agrupó a las familias que se encontraban en la zona cordillerana de Potrerillos, Quebrada Paipote y Río Jorquera, teniendo como base las relaciones de parentesco, linajes e incorporación de familias sin tener lazos de consanguinidad. Estos comprenden los campos de pastoreo, vegas, aguadas, lugares de asentamiento, de recolección y caza, lugares con recursos mineros, espacios sagrados y rituales que son comprendidos dentro de un perímetro de cumbres y filos de cerros. La demanda de tierras representa sólo el 2,93% del total territorial demarcado en 1996.
Las comunidades Colla, enfrentan actualmente disputas por los derechos de aguas con empresas mineras. Considerando las dificultades para el asentamiento permanente, muchas familias siguen poblando las quebradas y recorriendo durante el verano la puna en la actividad ganadera trashumante, demandando el reconocimiento de las tierras para iniciar el re-poblamiento y el desarrollo seguro de sus actividades económicas.
DIAGUITA
En la actualidad la Comunidad Diaguita no cuenta con una cifra de Población fiable, ya que muchos de ellos no son registrados al nacer o cuando hay un censo niegan su procedencia, por avergonzarse de ella.
Al habitar las altas montañas, territorio de difícil acceso al que solo se puede llegar en burro o camión de suspensión alta, la inmensa mayoría no conocen “La Villa” que es la población mas cercana, con unos 3000 habitantes, y que se llama San Agustín de Valle Fértil.
QUECHUA
Una de las principales políticas y cuerpos legales que han afectado a los Quechua, corresponden al Código de Aguas que ha permitido a las empresas mineras aprovechar el escaso recurso presente en el territorio de Ollagüe y de vital importancia para el mantenimiento y desarrollo de las actividades agropastoriles practicadas por las familias Quechua, desconociendo los derechos histórico de las comunidades a la propiedad y uso ancestral de los acuíferos.
La Comunidad Quechua plantea la necesidad de realizar una investigación etnográfica sobre el lugar actual de ubicación de la población Quechua hablante y la fuerte migración desplazada hacia la ciudad de Calama. A raíz de la promulgación de la Ley Indígena 19.253, surge la Comunidad Quechua de Ollagüe, comenzando una progresiva revitalización sociocultural, emergiendo una serie de asociaciones indígenas Quechua, con la necesidad de defender sus derechos ancestrales y como contraparte legal en las presiones que reciben de los enclaves mineros de la empresa CODELCO – Chuquicamata.
El territorio de la Comunidad de Ollagüe no se restringe a la localidad, sino que se extiende a los sectores de ríos: Loa, quebradas, vegas, aguadas, bebederos, llaretales y cerros de la región, allí se practican las actividades de cultivo, pastoreo en las praderas y bofedales, pesca, aprovechamiento de canteras, explotación de minerales y recolección de plantas medicinales, entre otras actividades económicas, en esta vasta área, también se localizan sitios arqueológicos, lugares en los cuales las prácticas rituales y ceremoniales son efectuadas por la Comunidad Quechua hablante de Ollagüe.
Los Quechua hablantes de Ollagüe se ven amenazados actualmente por las presiones de una sociedad que avanza vertiginosamente, asimilando e imponiendo modos de vida que son ajenos a las realidades de las comunidades.
En la actualidad, en la región de Tarapacá existen algunas comunidades que se reconocen como quechua como Mamiña y Miñi Miñi , no obstante , en ninguna de ellos se manejan la lengua quechua.
RAPA NUI
Desde 1917, la isla queda sujeta a las autoridades, leyes y reglamentos de la Armada de Chile, única institución del Estado en contacto con ella por muchos años, bajo la ley 3.220, es enviado desde Valparaíso, Ezequiel Acuña como prefecto de policía y nuevo subdelegado marítimo de la Isla, donde se dictan nuevos decretos que prohíbe a los Rapa Nui abandonar la isla, obligatoriedad de asistir a la escuela recién construida, entre otras medidas. En 1929 por medio del decreto N° 946, la oficina de Bienes Nacionales procede a inscribir en el conservador de Bienes Raíces de Valparaíso la propiedad Fiscal de Isla de Pascua. El desconocimiento de los procedimientos legales por parte de la población Rapa Nui, no permitió la realización de reclamos y reivindicación territorial.
En enero de 1935, el Ministerio de Tierras y Colonización nombra a la Isla de Pascua como Parque Nacional. A fines de la década de los ‘50, los arrendatarios particulares trataron de adueñarse de la Isla mediante subterfugios legales, sin embargo, en diciembre de 1953 se pone término a la Compañía Explotadora de Isla de Pascua. A raíz de estos abusos y el advenimiento del gobierno civil en ese territorio, el Estado Chileno amplía su presencia en todos los ámbitos, instalando oficinas de distintas reparticiones administrativas, como Ministerios de Justicia, Obras Públicas, Bienes Nacionales, Carabineros, Banco del Estado, SERNATUR, etc.
El año 1979 se dicta el D.L. Nº 2.885 en virtud del cual se establece la regularización de la propiedad en Isla de Pascua, otorgando títulos de dominio gratuitos a los poseedores regulares, generándose nuevas discordias y la constitución del Consejo de Ancianos de Rapa Nui como una expresión social para defender la propiedad de la tierra y comunitaria de la Isla.
A partir del año 1993, la Ley Indígena 19.253, se constituye en el marco legal más importante en la relación del Estado y el Pueblo Rapa Nui, el tema de la propiedad de la tierra se ha mantenido en este período como un tema central para la población Rapa Nui, los partidarios destacan la voluntad del gobierno de iniciar un proceso de restitución de tierras a los pascuenses, destacando que esta política ha permitido aumentar la cabida territorial de las posesiones Rapa Nui en un 50% (1.500 hectáreas), se cuestiona la desafectación de sectores del Parque Nacional Rapa Nui para constituir propiedad privada, sacrificando sitios que tienen alto valor arqueológico.